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Frizan los cotejos de las declaraciones juradas

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Tras lograr que se les im­pusiera medida de coer­ción a los implicados en el caso de la operación An­ti Pulpo, la Procuraduría Especializada de Persecu­ción de la Corrupción Ad­ministrativa (Pepca) ha mantenido un aparente “receso” en cuanto al se­guimiento a las investiga­ciones a los miembros de la Cámara de Cuentas, las declaraciones juradas y las auditorías a exfuncio­narios de la pasada admi­nistración.

En un momento el cen­tro de atención de las in­vestigaciones estuvo diri­gido hacia los miembros de la Cámara de Cuentas, declaraciones juradas y Odebrecht 2.0, siendo este último, con su estandarte Punta Catalina, el que ha concitado mayor interés de los procuradores de la Pepca.

El director de la Procu­raduría Especializada de Persecución de la Corrup­ción Administrativa (Pep­ca) Wilson Camacho, y la directora de Persecución del Ministerio Público, Ye­ni Berenice Reynoso, enfi­laron sus cañones además a la exdirectora del Insti­tuto Nacional de Atención Integral a la Primera Infan­cia (Inaipi), Berlinesa Fran­co, en torno a presuntos ac­tos de corrupción sobre la licitación para la adquisi­ción de kits de alimentos durante el período de cua­rentena por el Coronavirus, aunque esto se ha hecho de manera indirecta, llamando en más de 8 ocasiones a su despacho a la exdirectora de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán.

Cámara de Cuentas


El Ministerio Público ini­ció las investigaciones a los miembros de la Cámara de Cuentas por obstrucción a la justicia, ante las solicitu­des de auditorías financie­ras y de gestión que hizo la Pepca sobre diversos casos de corrupción en la admi­nistración pública que están bajo investigación.

En torno al caso han si­do interrogados en varias ocasiones el presidente de la Cámara de Cuentas, Hu­go Francisco Álvarez Pérez, y Margarita Melenciano, así como el secretario, Carlos Tejada Díaz, en torno a la obstrucción y obstáculo pa­ra que el Ministerio Público realice sus investigaciones, principalmente en el caso Odebrecht sobre sobreva­luaciones de obras.

El Ministerio Público sos­tiene que las indagatorias contra el órgano fiscali­zador, que encabeza Ál­varez Pérez, apuntan a la comisión de delitos como asociación de malhecho­res, falsificación de docu­mentos, coalición de fun­cionarios, complicidad en estafa contra el Estado y la­vado de activos.

Declaraciones juradas


Aunque este aspecto se ini­ció con mucho brío y el Ministerio Público cen­tró sus investigaciones en la declaración jurada de bienes de exfuncionarios, que incluyó a la herma­na del expresidente Dani­lo Medina, Lucía Medina, y a la exministra de la Ju­ventud, Kimberly Taveras Duarte, quien renunció del cargo a raíz de la pesquisa, el caso parece haber que­dado en algún escritorio de un procurador.

Además de Lucía Me­dina y Taveras Duarte, los procuradores Wilson Ca­macho y Berenice Reynoso comenzaron interrogando en torno a declaraciones juradas de bienes, al sena­dor Félix Bautista, el ex­presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Ca­macho; Robert de la Cruz, asistente del expresidente Danilo Medina, al alcalde de Pedro Brand, Wilson Pa­niagua, y la exdirectora del Plan Social de la Presiden­cia, Iris Guaba.

 PRISIÓN

Anti Pulpo


En diciembre pasado la Pepca y la Dirección de Persecución solici­taron prisión preven­tiva en contra de los 11 implicados en el ca­so de la operación An­ti Pulpo, obteniendo que solo se le impusie­ra esa medida a siete de los involucrados, a tres se le impuso arres­to domiciliario, coloca­ción de brazalete elec­trónico, impedimento de salida y presenta­ción periódica y otro solo presentación pe­riódica.

El juez José Alejan­dro Vargas, quien ahora pasó al Tribu­nal Constitucional (TC), tras dictar la prisión preventiva en contra de los siete im­putados, por un pe­ríodo de tres meses y las demás medidas a los otros implicados, remitió el expedien­te al tercer juzgado de la Instrucción pa­ra dar continuidad a la revisión obligatoria de la medida de coer­ción, fijada para mar­zo próximo.

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Written by Bienvenido Feliz

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